Luego que la Sala Constitucional señalara que algunos artículos de la llamada Ley Jaguar presentaban características inconstitucionales, el presidente Rodrigo Chaves presentó un segundo proyecto, además de una reforma a la propuesta de referéndum.
Los magistrados se refirieron a los artículos que corresponden a las atribuciones que ejerce la contraloría general de la república; a raíz de ello, el presidente Chaves informó que se redactó un nuevo texto en el que se tomó en cuenta las consideraciones hechas por la Sala IV, un texto que, según la ministra Laura Fernández. es "afinado y químicamente puro" aunque detalló que la propuesta de reforma del artículo 67 de la Ley Genera de Contratación Pública se mantiene.
El nuevo proyecto Jaguar que según el presidente no debería ser consultado ante la Sala Constitucional quedó bajo la numeración 24.467, mientras que el decreto para el referéndum le fue asignado el número 24.468.
Para Chaves, los magistrados destacaron el punto fundamental de la Ley Jaguar, al hacer notorio que la Contraloría General de la República han co-gobernado el país al inmiscuirse en la administración gubernamental de forma "inconstitucional desde 1994" y que lo ha hecho como instrumento de la casta.
El pueblo de Costa Rica triunfó ese punto fundamental porque los magistrados reconocieron el punto fundamental de todo este debate de política pública"
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