La Defensoría de los Habitantes advierte que los recortes proyectados por el Ministerio de Hacienda para la educación en 2025 amenazan con agravar la crisis educativa en Costa Rica. Esta reducción presupuestaria podría impedir el cumplimiento del Pacto Nacional por la Educación, afectando gravemente varios aspectos fundamentales del sistema.
Entre los principales problemas señalados se encuentran la incapacidad de completar el currículo escolar, un deterioro creciente de la infraestructura educativa, y posibles retrasos en los pagos de salarios docentes. Además, se prevé un impacto negativo en la inclusión de estudiantes con discapacidad, debido a la falta de contratación de personal especializado, y una afectación directa en las Juntas de Educación, que podrían quedarse sin recursos para cubrir servicios esenciales como agua y electricidad.
Estas preocupaciones fueron expresadas en una carta de la Asociación de Directoras, Directores y Administradores del Sistema Educativo Costarricense (ADEM), remitida a la Defensoría, el presidente Rodrigo Chaves Robles, la ministra de Educación Anna Katherina Müller y el ministro de Hacienda Nogui Acosta. En ella, se recalca cómo los recortes afectarán negativamente a todos los centros educativos del país.
Según la Defensoría, Costa Rica lleva años incumpliendo su compromiso legislativo de invertir el 8% del PIB en educación. En 2023, la inversión cayó al 6.1%, afectando programas vitales como la equidad educativa, que incluye alimentación y transporte estudiantil, la educación inclusiva, y la mejora de infraestructura. Este panorama genera un aumento en la exclusión escolar, además de afectar los derechos laborales de los docentes, quienes enfrentan retrasos en el pago de sus salarios y otros incentivos.
Fotos con fines ilustrativos
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