El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, se ve obligado a abrir un procedimiento administrativo disciplinario contra el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla. Esta decisión llega tras una orden de la Sala Constitucional, que ha determinado que Batalla incumplió las directrices establecidas por este órgano judicial.
En la sentencia N° 2024-011048, emitida el 26 de abril de 2024, se instruyó al ministro Mauricio Batalla para que entregara información solicitada por un ciudadano que había presentado un recurso de amparo debido a la falta de respuesta. Se le otorgó un plazo de tres días para cumplir con esta obligación. Asimismo, la sentencia abordó temas de seguridad vial en las rutas nacionales, estableciendo un plazo de nueve meses para la ejecución de obras necesarias.
Sin embargo, tras la falta de respuesta por parte del ministro, el 23 de julio, la Sala Constitucional reiteró a Batalla la necesidad de cumplir con la sentencia, advirtiendo que la omisión podría resultar en consecuencias legales. El 20 de septiembre, durante una nueva votación sobre el expediente, se recordó que "quien reciba una orden que deba cumplir o hacer cumplir dictada en un proceso de amparo y no lo hiciere, puede enfrentarse a una pena de prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, siempre que el delito no esté más gravemente penado".
Ante esta situación, los magistrados ordenaron al presidente Chaves actuar en consecuencia. Además, convocaron a Chaves y al Consejo de Gobierno, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para rendir cuentas sobre esta problemática.
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