En un giro preocupante para el sistema de salud pública de Costa Rica, 84 especialistas han decidido dejar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), optando por el sector privado debido a las mejores oportunidades laborales. Esta situación se ha venido arrastrando desde 2023, cuando los médicos y profesionales de la salud comenzaron a advertir sobre las condiciones que ponían en peligro su permanencia en la institución.
A pesar de los esfuerzos por llegar a un acuerdo con la CCSS, la falta de una solución concreta ha llevado a la renuncia masiva de estos especialistas, lo que podría poner en riesgo la atención médica para los ciudadanos. La ministra de Salud, María Munive, no descarta declarar una emergencia nacional debido a esta crisis, y ha señalado que ya tiene preparado el borrador del decreto correspondiente.
Emergencia institucional: ¿una medida necesaria?
El pasado 3 de diciembre, la CCSS declaró una emergencia a nivel institucional, pidiendo a la Junta Directiva elevar la situación a emergencia nacional. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión final sobre la declaración de emergencia nacional, ya que los informes técnicos y estudios de centros educativos aún están bajo evaluación.
En caso de que se declare la emergencia, el Ministerio de Salud tendría la posibilidad de coordinar con otras instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, para cubrir la falta de especialistas. Además, se eliminarían ciertas barreras burocráticas, lo que permitiría una respuesta más ágil, con un presupuesto de ¢45.000 millones destinado a resolver la crisis. Costa Rica también podría recurrir a médicos de países como Colombia, México o Brasil para reforzar la atención.
Esta situación plantea una incógnita sobre cómo afectará la atención médica en el país. Los ciudadanos están preocupados por el acceso a especialistas y la calidad del servicio, mientras que las autoridades buscan soluciones urgentes para evitar un colapso en el sistema de salud.
Fotos con fines ilustrativos